Administraciones y entidades sociales instan a Endesa a signar el convenio contra la pobreza energética

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Administraciones, la Taula del Tercer Sector y la Alianza contra la Pobreza Energética han instado a Endesa a firmar el convenio para desplegar la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y han advertido que es urgente cerrarlo ante el escenario de crisis social que ha desencadenado la pandemia de Covid-19.

«Si antes de la Covid teníamos más de 20.000 familias en situación de vulnerabilidad energética, no hay duda de que esta cifra crecerá con la gravedad de la emergencia social que estamos viviendo y que todavía no ha acabado», ha denunciado Sira Vilardell, vicepresidenta de la Mesa y directora general de Sale. «Tenemos que sacar presión a las familias, cerrar el convenio es acabar con esta angustia y darles un respiro porque la situación ha empeorado y empeorará enormemente», ha insistido.

La Mesa para abordar la Pobreza Energética en Cataluña, formada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Diputación de Lleida, la Diputación de Girona, la Diputación de Tarragona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Federación Catalana de Municipios, la Asociación Catalana de Municipios, la Taula del Tercer Sector y la Alianza contra la Pobreza Energética, en diciembre de 2019 planteó un modelo de convenio a las compañías eléctricas de acuerdo con la Ley 24/2015. Desde entonces se ha llevado a cabo una negociación que ha generado un acuerdo entre el conjunto de administraciones y Endesa para abordar con garantías, en el presente y en el futuro, las situaciones de pobreza energética de las familias y los hogares vulnerables en Cataluña.

«Hoy, Endesa no puede obstaculizar la firma de un convenio por culpa de una deuda que acumulan 25.000 familias desde 2015, con el agravante de que algunas de ellas se encuentran sometidas a procesos judiciales de embargo», afirman desde la Mesa.

La firma del convenio acordado permitirá parar de golpe el crecimiento de la deuda de las familias, aportará seguridad jurídica a los entes locales y a los servicios sociales básicos porque prevé los mecanismos de cumplimiento de la Ley 24/2015, tanto en cuanto a los procedimientos a seguir ante los impagos, con un informe de vulnerabilidad común en todo Cataluña, como porque evitará situaciones de deuda a las personas vulnerables, aplicando descuentos y ayudas a quienes no pueda afrontar los pagos con uno Fondos de Atención solidaria cofinanciado por las compañías y el conjunto de administraciones. El convenio acordado y pendiente de firmar también prevé la creación de un órgano centralizado de gestión a la Generalitat, con una plataforma telemática que facilitará la tarea administrativa a los entes locales y permitirá una coordinación ágil y efectiva con las compañías suministradoras en beneficio de los hogares vulnerables.

«Nos encontramos ante una oportunidad única de construir soluciones efectivas a un problema complejo, y por eso apelamos a la responsabilidad social de las compañías suministradoras, por qué conjuntamente con las administraciones públicas abordamos la pobreza energética de nuestros conciudadanos más vulnerables», consta en la declaración de la Mesa.

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