«Aquí, por denunciar los abusos, se las ha acusado de mentir para conseguir la documentación y, en el país de origen, la repercusión ha sido demoledora»

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«No es un problema de falta de regulación, sino de aplicación; los derechos que se reconocen a las temporeras se diluyen, desaparecen, cuando se ponen a efectos prácticos, y esto se ve en que la patronal, que tiene que ser la fiscalizada, paga a las personas que tienen que hacer este trabajo de control: se pone el lobo a vigilar los corderos y el margen de beneficio productivo impera por encima de cualquier otra cosa». Así lo ha afirmado Belén Luján, abogada de un grupo de jornaleras marroquíes denunciantes de abusos sexuales y laborales mientras trabajaban en campos de fresas en Huelva.

Durante el coloquio organizado por Surt con el objetivo de compartir los resultados de la investigación periodística hecha a raíz de la beca Devreporter, Luján y la periodista Maria Altimira, parte del equipo con el que Surt ha contado para la investigación, han repasado la cadena de omisiones de responsabilidad que explican la sistematicidad y reiteración de los abusos contra las mujeres contratadas en origen para trabajar en la recogida de la fresa en los campos onubenses, entre 17.000 y 20.000 cada año.

«No se trata de casos aislados: cuando se habla de explotación laboral y abusos y agresiones sexuales en los campos de fresas onubenses, son casos más frecuentes de lo que tendrían que ser», ha afirmado Altimira, después de un año de trabajo periodístico. «El sistema de producción del sector de la fresa y los frutos rojos está basado en desigualdades, que provocan una vulnerabilidad extrema en las mujeres: sufren discriminación socioeconómica, son personas que necesitan el dinero para mantener a las familias, discriminación que tiene que ver con la falta de formación y estudios, y también una discriminación de género; en el proceso de selección un requisito es que tengan hijos menores a cargo», ha destacado Altimira en la conversación, conducida por la periodista de Cataluña Plural Sandra Vicente.

«Si la Guardia Civil se niega a recibir las denuncias, y en la experiencia que hemos tenido ha sido una negativa atroz; si tienen un centenar de mujeres que quieren denunciar y no hacen nada para identificarlas; si después Inspección de Trabajo no hace nada para constatarlo -¡no para mirar de exonerar a la empresa!-, lo que se hace es dotar a los infractores de la sensación de impunidad que ahora mismo creo que todos ellos tienen, de la sensación que pueden llevar y devolver a las mujeres cuando quieran, que las pueden castigar, que las pueden tener sin comer, que las pueden inducir a la prostitución, que las pueden amontonar, y además conseguir fondos del Fondo Social Europeo» , ha denunciado Luján.

Si bien la abogada ha puesto de relevo que, en los dos años que han pasado desde que presentaron la denuncia, se ha conseguido ganar visibilidad y cierto reconocimiento público por parte de las administraciones, asegura que el coste para las mujeres denunciantes ha sido altísimo. «Aquí, se las ha señalado, se las ha acusado de mentir para conseguir la documentación y, en el país de origen, la repercusión ha sido demoledora «, ha afirmado.

Según Maria Altimira, después de los reportajes publicados a raíz del proyecto de Surt en el marco de la beca Devreporter, otorgada por La Fede, hay que seguir apuntando a los responsables de la explotación que se mantiene en los campos del sur del Estado contra mujeres provenientes de zonas rurales del Marruecos y con familiares a cargo. «A veces son responsables de una manera muy contundente, y a veces de manera no tan clara; a veces se trata de hacer el trabajo no suficientemente bien, y en la cadena de tareas ejecutadas a medias o sin rigor, se produce una gran desgracia, y son muy pocos los ojos que miran», ha remarcado.

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