El proyecto Assist pide facilitar el acceso a prestaciones a las víctimas de trata

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El seminario de cierre del proyecto europeo Assist, celebrado recientemente con entidades expertas y administraciones y organizado en Cataluña por Surt y Sicar.cat con la colaboración de APIP-ACAM y la Unidad Municipal contra el Tráfico de Seres humanos del Ayuntamiento de Barcelona (UTEH), ha planteado la necesidad de armonizar los criterios de acceso a dos subsidios básicos: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Así se ha planteado para ser «más garantistas» en Cataluña y conseguir que tengan mayor impacto entre las víctimas de tráfico de seres humanos en su proceso de recuperación. También han participado en este espacio de reflexión representantes de la Subdirección de Lucha contra la Violencia Machista, el ICD, la DGAIA y el Comité de Acogida de Personas Refugiadas de la Generalitat de Cataluña.

Para favorecer que «las mujeres puedan salir de las situaciones de explotación», una de las recomendaciones es que el acceso a la RGC, como pasa en el caso del IMV, no requiera a las personas pasar por un proceso de identificación como víctima de trata, potestad que tienen los cuerpos policiales, ni una sentencia judicial -que puede tardar años-, sino que sea suficiente con la presencia de indicios razonables de tráfico de seres humanos, acreditada por las entidades especializadas. Hace años que estas entidades colaboran con los cuerpos policiales en los procesos de identificación y su experiencia es clave para facilitar el acceso de las víctimas de tráfico a sus derechos, entre los que se encuentran el acceso a prestaciones económicas como l?IMV o la RGC.

Para facilitar la estandarización de estos «indicios razonables», las entidades participantes propusieron la utilización en la gestión de la RGC del informe social utilizado para el acceso al IMV de las víctimas de trata, junto con los indicadores que aplica la UTEH para acreditar la existencia de estos indicios. La utilización de estos indicadores, que restan pendientes de validación por parte de la Mesa Interinstitucional contra el tráfico de seres humanos promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, y que han sido elaborados en un proceso participativo con diferentes agentes implicados en la lucha contra el tráfico de personas en Barcelona, contribuiría a dotar el proceso de «coherencia, fiabilidad, rigorositat, competencia y transparencia».

Las entidades catalanas participantes al seminario propusieron revisar también el criterio establecido para considerar que una entidad o servicio pueda acreditar que una persona es víctima de tráfico de seres humanos. Actualmente, la Ministerio de Igualdad establece que las entidades acreditadas son las que durante los últimos tres años han recibido subvenciones de la Dirección general de Violencia de Género por proyectos relacionados con la trata con fines de explotación sexual. Un criterio que consideran «insuficiente y poco riguroso» y ante el cual las entidades proponen plantear «estándares de servicios que definan qué se entiende por una entidad o servicio especializado en trata».

Durante el seminario, se puso sobre de la mesa otra desigualdad entre las ayudas: mientras que el IMV sólo reconoce a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, el reglamento de la RGC posibilitaría el acceso a la prestación por parte de personas víctimas de otras formas de explotación, como por ejemplo hombres víctimas de este delito contra los derechos humanos y mujeres víctimas de trata con varias finalidades de explotación, como por ejemplo los trabajos o servicios forzosos, las prácticas análogas a la esclavitud, la mendicidad, los matrimonios forzosos, la extracción de órganos o la comisión de delitos.

«Tanto en el IMV como en la RGC hay factores positivos que se tendrían que celebrar pero a pesar de todo hace falta todavía trabajar algunos de los retos que han surgido, para que todas las persones víctimas de trata puedan acceder a estas ayudas de manera armonizada», ha expresado Sira Vilardell, directora general de Surt, quien ha recordado que la comisión del Govern sobre la RGC, de la cual Surt forma parte a través de ECAS, se comprometió a armonizar sus requisitos con los estatales.

«Debe entender-se que el tráfico de seres humanos es una violación de derechos humanos y esto implica unas obligaciones y responsabilidades por parte de los estados, a través de sus administraciones públicas», ha remarcado Rosa Cendón, responsable de incidencia de Sicar.cat, para quien, en la atención a personas víctimas de trata de seres humanos, es fundamental «tener presente que hace tiempo que han sido tratadas como mercancías y que devolverles la dignidad de poder decidir por ellas mismas es importante en el proceso de reparación».

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