EL SADI ofrece herramientas y apoyo en el camino hacia la regularización a mujeres migradas en situaciones de alta vulnerabilidad

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La irregularidad administrativa es una barrera para acceder a derechos, pero la mirada no tiene que apartarse de ellos: hay que conocerlos y, mientras tanto, tejer estrategias para protegerse en un marco de vulneraciones. Esta es la perspectiva del SADI, el servicio de atención a mujeres migradas .

Acompaña a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, como son aquellas que todavía no han tenido posibilidad de regularizar la situación, o aquellas que han topado con la irregularidad sobrevenida, por ejemplo, cuando se les ha denegado la petición de asilo. En la última edición del SADI han participado 15 mujeres. «La meta es favorecer la igualdad efectiva», sintetiza Xantal Genovart, coordinadora del programa.

El itinerario ha incorporado el desarrollo de competencias profesionales y el refuerzo de la autonomía de las mujeres en el entorno donde ahora viven. En el marco del programa, se ha trabajado la mejora de competencias lingüísticas, el conocimiento de los procesos de inserción laboral y se ha hecho un acercamiento al oficio de ayudante de cocina.

«El objetivo final es que logren los derechos a través de acceder al mercado de trabajo formal, si bien mientras no tienen los papeles y se enfrentan a abusos, es importante poner nombre a todo aquello que se encuentran e identificar todo aquello que tiene que tener freno», plantea Genovart.

En el proceso hacia la regularización, el SADI ofrece también asesoramiento jurídico y, durante el itinerario, se han hecho visitas culturales. «Disfrutar de la oferta cultural también forma parte de la ciudadanía, y tienen que poder ejercerlo, aunque estén viviendo una ciudadanía sumergida», plantea la coordinadora del SADI.

El programa busca implicar a agentes sociales cómo son las empresas en el objetivo de hacer efectivos los derechos de esta parte de las mujeres. «La ley de extranjería es una pared que dificulta los procesos de inclusión, incluso cuando hay voluntad por parte de las empresas», lamenta Genovart, que denuncia que los requisitos de extranjería no están adaptados a la realidad del mercado laboral.

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