«No salir con un piso bajo el brazo hace que dar el paso de denunciar sea mucho más difícil»

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Isabel Martín es la abogada del servicio jurídico que Surt ofrece a las participantes de los programas que requieren asesoramiento. Hablamos con ella para esbozar las principales necesidades de las mujeres que acompaña, así como las trabas para sacar adelante procesos judiciales en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. La inseguridad habitacional es una de las piezas que Martín detecta como condicionante fundamental a la hora de tomar decisiones.

¿Cuáles son las principales situaciones en las que las mujeres requieren asesoramiento y apoyo legal?

El servicio jurídico de Surt es un servicio de carácter generalista, esto quiere decir que atiende todo tipo de situaciones jurídicas. Lo que suele ser más demandado es tema extranjería y documentación. Es una materia muy administrivizada en las que hay muy poca ayuda por parte de la administración pública y pide unos trámites muy complejos que siempre requieren el asesoramiento de alguien con cierto conocimiento y capacidad de gestión para poder llevarlo a cabo. El otro tema que suele ser bastante habitual son las consultas derivadas de la guardia y custodia y consultas relacionadas con situaciones de violencia, tanto antes de inciar procesos como posteriormente. Muchas veces el trabajo de los abogados o abogadas de oficio está siendo correcto pero falta la parte de empatía como para tomarse el tiempo suficiente para poderle trasladar a la mujer qué es lo que se encontrará y esto hace que a veces piensen que están siendo mal asesoradas, cuando en realidad simplemente es una falta de tomarse el tiempo para poder explicar a la persona con tranquilidad qué es lo que está pasando.

Por lo tanto, generar confianza y dar cierta tranquilidad entiendes que es una pieza central de tu trabajo…

Muchas veces contactar con el abogado que está gestionando el tema y decirle que su clienta no está entendiendo nada, que los llama otra abogada, no para fiscalizar, sino para conseguir este enlace que permita a la persona reengancharse al proceso judicial, del que es parte activa.

¿La barrera principal es el idioma?

Es una barrera importante pero no la única. Muchas personas conocen perfectamente el idioma pero a la hora de trasladarles la información, pensando que el idioma es el mismo, hace que todavía se tomen menos tiempo para trasladar con otras formas para que sea inteligible, de que significa el proceso judicial o administrativo. Muchas veces se recibe información de las administraciones públicas que las personas no pueden entender, incluso en la tramitación de prestaciones. Tendría que haber un servicio porque se supone que estás atendiendo a personas en situación límite o en riesgo de exclusión social, y no existe por parte de la administración un servicio que facilite la tramitación. También es habitual que vengan con requerimientos para acceder a la renta garantizada de ciudadanía u otras prestaciones, por lo que se tiene que hacer de enlace con la administración.

¿La precariedad frena la decisión de emprender procesos judiciales, de acuerdo con lo que ves?

Mucho. En el caso de tener hijos a cargo, en muchos casos me encuentro con la creencia que la ausencia de ingresos hace imposible la custodia,  porque es así en otros ordenamientos jurídicos. Por eso muchas mujeres sin ingresos tienen miedo de iniciar procesos de separación si tienen hijos a cargo o cualquier proceso suponga la salida del domicilio porque realmente ni que se los explique siguen teniendo la sensación que pueden perder los hijos para no tener capacidad para poder mantenerlos. No salir con un piso bajo del brazo y una ayuda bajo el brazo hace que dar el paso sea mucho más difícil. Por qué la pregunta es donde dormir mañana si dan un paso que las hace salir del domicilio.

Tener la vivienda asegurada marcaría la diferencia…

Todavía más que recursos económicos propios. No sólo se imputar quién ha sido o es tu pareja, es afrontar una situación económica complicada con inseguridad respeto la vivienda.  Pensar «y ahora donde pasaré la noche con tus hijos?» hace mucho vértigo y ningún proceso judicial, por muy claro que lo vemos, por muy brutal que sea la violencia, no permite asegurar a la mujer que obtendrá una orden de protección y que se podrá quedar en el domicilio y seguir su vida sin ser perturbada y que podremos apartar el agresor del domicilio. En Barcelona sólo es en torno al 15% las órdenes de protección que se otorgan, respecto a las solicitadas.

¿Cómo se explica esta baja tasa de órdenes de protección?

Es un hecho que en todos los congresos sobre violencia lo discutimos y no llegamos a un consenso para determinar el por qué. Pensamos que quizás los juzgados de violencia se insensibilizan al ver tantos casos idénticos. Es más fácil conseguir una orden de protección en un juzgado de guardia fuera del juzgado de violencia que en los juzgados específicos para tratar estos asuntos.  Fuera de Barcelona, los juzgados de violencia no está de guardia, así que si se presenta una denuncia en festivo y se solicita orden de protección, lo valora un juzgado de primera instancia y en este caso solo ser más cercano a dar la orden de protección que no el de violencia, que después es el que tiene que ratificar esta orden de protección otorgada. El riesgo tiene que ser inminente, no prejuzga la situación de violencia.

¿Es una herramienta de protección efectiva la orden de protección?

Garantiza que pueda tomar decisiones en relación al futuro del proceso sola, con capacidad de tomar sus decisiones, con tiempos para madurar las decisiones. Pero no es infalible porque el que quiera ir a por ella la localiza y se la salta. Hay casos en que una orden de protección es suficiente. En otros hay que apartarla hasta que se pueda garantizar su protección.

¿La pandemia ha profundizado las situaciones de dificultad socioeconómica de las mujeres que atienes desde Surt?

La situación ya era complicada. Los ERTO están conteniendo muchas caídas. Hay un aumento clarísimo de necesidad de gestión por la incapacidad de ser atendidas en servicios públicos. Las gestiones más simples como conseguir un padrón o un duplicado de la vida laboral se han convertido en demandas para atender. El sistema de solicitud online pide unos conocimientos previos que muchas personas no tienen. No hay la posibilidad de encontrar una oficina física en un tiempo prudencial para resolver estas necesidades.

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